Caracas — La creciente morosidad en el pago de cuotas de mantenimiento en condominios venezolanos ha encendido las alarmas en las juntas de copropietarios y administradores, ante la posibilidad de que las comunidades recurran a mecanismos legales más severos para proteger sus finanzas y el mantenimiento del edificio.

Según explicó la abogada Tibaire Altuve, coordinadora de la plataforma MiCondominio.com, el incumplimiento sistemático de las obligaciones de pago, especialmente cuando se combina con perturbaciones en la convivencia interna, puede activar procedimientos ante los tribunales que permiten a la comunidad solicitar la venta forzosa del inmueble del propietario moroso.  

Este mecanismo jurídico —que normalmente requiere la aprobación de al menos el 75 % de los votos de los copropietarios en asamblea— constituye una de las sanciones más drásticas contempladas para los casos de morosidad recurrente, dada su potencial de afectar la propiedad del deudor si no regulariza su situación.  

La morosidad en muchos condominios del país ha experimentado un notable aumento, reflejando un contexto en el que el pago de cuotas se ha vuelto menos frecuente. Este fenómeno ha generado no solo dificultades económicas para cubrir gastos básicos de mantenimiento —como limpieza, seguridad y reparaciones— sino que también ha planteado retos para garantizar el funcionamiento óptimo de las comunidades.

Los expertos legales señalan que, antes de llegar a la venta forzosa, las comunidades deben agotar otras vías de cobro, como planes de pago, negociaciones directas o acciones judiciales tradicionales para recuperar deudas. Sin embargo, cuando estos mecanismos no son suficientes y los impagos persisten, el recurso de solicitar una venta forzosa puede convertirse en una alternativa legal para garantizar la salud financiera de la propiedad horizontal.

En este contexto, se recomienda que las juntas de condominio y sus administradores mantengan una gestión transparente de las cuentas, fomenten el diálogo con los copropietarios y se asesoren oportunamente para evaluar las opciones disponibles frente a la morosidad, siempre buscando equilibrar la protección de los intereses de la comunidad con el respeto a los derechos individuales de los propietarios.