En respuesta a la creciente crisis de vivienda y al aumento del porcentaje de hogares en alquiler, que alcanzó el 20,4% en 2024 según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Gobierno ha implementado medidas para garantizar una mayor estabilidad a los inquilinos. Una de las reformas clave en la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que los contratos de alquiler firmados a partir del 6 de marzo de 2019 se prorrogarán automáticamente, dependiendo de la duración del contrato y la naturaleza del propietario. 

Específicamente, si el contrato tiene una duración inferior a cinco años y el propietario es una persona física, la prórroga será automática hasta completar esos cinco años. En el caso de que el propietario sea una persona jurídica, la prórroga se extenderá hasta los siete años. Estas medidas buscan frenar la rotación constante de viviendas de alquiler y proporcionar una mayor seguridad a los arrendatarios en un mercado cada vez más impredecible. 

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha subrayado que esta normativa garantiza estabilidad y frena la rotación constante de viviendas de alquiler, una medida que busca dar más seguridad a los arrendatarios en un contexto de inseguridad económica y aumento de precios. Sin embargo, las asociaciones de propietarios consideran que la nueva legislación limita su capacidad para disponer libremente de sus viviendas. 

Esta reforma ha sido bien recibida por los arrendatarios, aunque ha generado fuertes protestas entre los propietarios. El debate entre el derecho a la propiedad y la necesidad de garantizar un techo estable a quienes alquilan continúa siendo un tema central en la política de vivienda en España.