Ciudad de México — Un nuevo reportaje de Latinus pone bajo la lupa el patrimonio del director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, recientemente nombrado para el cargo. Según el artículo publicado el 16 de octubre de 2025, Marín Mollinedo es propietario de un departamento valuado en 15,5 millones de pesos mexicanos (aproximadamente USD 850 000) en el complejo Shark Tower de Cancún, un desarrollo de 20 pisos que abrió en 2022 y cuenta con tres albercas, marina y campo de golf.  

El reportaje indica que esta propiedad es solo una de al menos diez inmuebles que el funcionario posee en Cancún, de los cuales cinco no figuran en su declaración patrimonial. Esta aparente discrepancia ha generado preguntas urgentes sobre la transparencia en la gestión de patrimonios de altos funcionarios públicos, especialmente en un contexto político bajo análisis.  

Rafael Marín Mollinedo, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador y con carrera vinculada a organismos oficiales, asumió la dirección de Aduanas en 2022, justo en el momento en que operaba una red de contrabando de combustible conocida como “huachicol”. Después de siete meses en el cargo, fue nombrado representante de México ante la Organización Mundial de Comercio, pero su regreso a Aduanas poco después despertó nuevas miradas sobre su patrimonio inmobiliario.  

El caso ha reavivado el debate sobre la rendición de cuentas y transparencia en los altos mandos del sector público mexicano, sobre todo ante la magnitud del desarrollo inmobiliario privado que poseen individuos en cargos públicos. Las autoridades aún no han emitido un posicionamiento público sobre estas revelaciones.

“Imperio inmobiliario estilo 4T: el director de Aduanas tiene condominio de lujo en Cancún”, reza el encabezado de Latinus, marcando la tensión entre gestión pública y patrimonio privado.  

Este reporte resalta que el contraste entre la función pública y el volumen de inmuebles privados representa un reto para los mecanismos de supervisión patrimonial y las declaraciones de bienes. En un país donde el combate a la corrupción es bandera gubernamental, historias como esta ponen a prueba la confianza ciudadana.