Tras el devastador colapso de un edificio de condominios en Surfside, Florida, en junio de 2021, que resultó en la muerte de 98 personas, las autoridades de Florida tomaron medidas para evitar futuros incidentes similares. La tragedia, que conmocionó al país, destapó deficiencias en la seguridad estructural de muchos edificios de condominios, especialmente en aquellos más antiguos, y obligó a los legisladores a tomar cartas en el asunto.

El gobernador Ron DeSantis ha sancionado recientemente el Proyecto de Ley 4-D del Senado, una nueva legislación que impacta directamente a los propietarios de condominios en Florida. Esta ley exige que todos los edificios de condominios de tres pisos o más, con al menos 30 años de antigüedad, se sometan a una evaluación de ingeniería para garantizar su seguridad estructural antes del 31 de diciembre de 2024. Esta medida busca prevenir futuros desastres como el colapso de Surfside, pero también ha generado preocupación entre los propietarios, ya que podría resultar en costos inesperados y significativos.

Los propietarios de condominios deberán financiar estas evaluaciones de ingeniería, que en algunos casos podrían superar los 100.000 dólares, dependiendo de la magnitud de las reparaciones necesarias. Además, el proyecto de ley también exige que las asociaciones de condominios mantengan reservas adecuadas para cubrir las reparaciones a largo plazo, lo que puede suponer un aumento en las cuotas mensuales de mantenimiento para los residentes.

La medida ha generado una división de opiniones. Mientras que algunos aplauden la ley por su enfoque en la seguridad y la prevención, otros critican el costo elevado de la implementación y su impacto en los propietarios de edificios más antiguos, especialmente aquellos con un número limitado de residentes. Los condominios más grandes, por ejemplo, podrían absorber mejor los costos, pero en edificios pequeños, las cargas adicionales pueden resultar insostenibles para muchos propietarios.

Desde su promulgación, los propietarios y administradores de condominios en todo el estado se han estado preparando para cumplir con esta nueva normativa. Sin embargo, algunos se han quejado de los plazos ajustados y la incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo el proceso de evaluación y la asignación de fondos para las reparaciones. Mientras tanto, los expertos en bienes raíces han señalado que esta ley podría afectar el mercado inmobiliario de condominios en Florida, ya que muchos posibles compradores podrían dudar en adquirir propiedades más antiguas debido a los costos potenciales de reparación y las evaluaciones obligatorias.

En resumen, aunque la ley busca garantizar la seguridad de los residentes de condominios en Florida, los costos asociados y la necesidad de cumplir con plazos estrictos podrían poner en apuros a muchos propietarios, particularmente aquellos con edificios más antiguos y recursos limitados. A medida que se acerca el final de 2024, el desafío será cómo equilibrar las necesidades de seguridad con la capacidad económica de los propietarios para implementar las reformas necesarias.