En un esfuerzo por descentralizar la justicia y empoderar a las comunidades, el presidente Nicolás Maduro promulgó la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal, un instrumento que refuerza el modelo de justicia participativa en el país. La normativa, que otorga protagonismo a los consejos comunales y comunas, aspira a establecer mecanismos alternativos de resolución de conflictos para evitar la sobrecarga del sistema judicial tradicional.

La ley estipula que los jueces de paz comunal serán seleccionados por las mismas comunidades, asegurando que quienes asuman este rol sean figuras reconocidas y respetadas en su entorno. Estas autoridades tendrán como misión principal mediar en conflictos locales, promover el diálogo y garantizar soluciones que contribuyan a la paz y la convivencia.

El despliegue de esta iniciativa abarcará los miles de consejos comunales del país, consolidando la participación ciudadana y reforzando el modelo de democracia protagónica impulsado por el Estado. Además, se espera que la medida permita atender de manera más eficiente los problemas cotidianos de las comunidades, como disputas vecinales, incumplimiento de normas comunales y conflictos menores.

Según destacó la magistrada Tania D’Amelio, la implementación de esta ley representa un avance significativo en el fortalecimiento del tejido social venezolano, al tiempo que reafirma el compromiso gubernamental con la construcción de una sociedad basada en la paz y el entendimiento mutuo.

Este enfoque es visto como una extensión del sistema de poder popular en Venezuela, donde las comunidades asumen un papel más activo en la gestión de sus asuntos internos, fortaleciendo la democracia participativa y el desarrollo social desde las bases.